Un festín matutino, Pablo Menezo |
Se pusieron muchos ejemplos. Se habló de una nueva forma de entender la colaboración entre el sector público y el privado, marcada por la sostenibilidad económica y social y la generación de valor a la prestación del servicio público.
Este desayuno, que pasó sin pena ni gloria por las páginas del medio anfitrión, vino a escenificar una tendencia muy consolidada a lo largo de estos últimos años. Se la conoce bajo el nombre de externalización e implica a gobiernos tanto del PP como del PSOE.
Intrigados por esta novedosa forma de entender la gestión pública, entrevistamos a Carlos Martínez, presidente de Attac Andalucía para el que “esto de la externalización no es más que un eufemismo que trata de esconder un concepto muy antiguo que estaba en la génesis del estado moderno y autoritario: la privatización de servicios”. Martínez también rebate el argumento económico y social de los que defienden las concesiones administrativas o colaboraciones público-privadas. Para él, está demostrado que lejos de mejorar la competitividad, este tipo de operaciones crean oligopolios que funcionan como una fuente de corrupción y precariedad laboral.
El caso de los Monitores Administrativos de Andalucía, parece responder fielmente a las críticas del presidente de Attac. Se trata de un colectivo de aproximadamente 900 extrabajadores de subcontratas de la Junta de Andalucía que trabajaban para colegios e institutos del territorio andaluz. Todos han sido despedidos a consecuencia de un plan de empleo para parados de larga duración, a pesar de que la el Estatuto de los Trabajadores obliga a la administración a subrogar sus contratos. Belén Talavera, portavoz del movimiento denuncia que cuando estaban trabajando sufrían prácticas abusivas por parte de las empresas que subcontrataban su mano de obra: “si enfermábamos no cobrábamos y si te quejabas, a la calle”. Ahora dice sufrir el reflejo de esa precariedad, pero como desempleada: “no quieren oír hablar de subrogación o readmisión”. Belén señala que solo piden que se cumpla la legalidad, o lo que es lo mismo, que se les reconozca su experiencia laboral y se les readmita en sus puestos. Son reclamaciones que hace desde un colegio de Sevilla, donde ha estado encerrada durante cuatro días como forma de protesta. “Susana Díaz se comprometió a darnos una solución, solo esperamos que cumpla su palabra”, sentencia.
Cementerio de Granada, por Fermín RF |
Dos realidades, dos casos de supuestos abusos laborales que no tienen por qué ser la norma, pero que nos sirven al menos para relativizar y cuestionar el mensaje unívoco que un día se dio en un importante desayuno del que ya nadie se acuerda, pero que sigue muy presente.
Para saber más:
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El Ayuntamiento dice que los escaleristas del cementerio fueron despedidos por una subcontrata
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